Gobierno a las prepagas: ¡Ubíquense!

El Gobierno nacional ha tomado medidas contundentes para frenar los exorbitantes aumentos de las cuotas de las prepagas y proteger a los usuarios. Se ha ordenado a las empresas que retrotraigan los precios a diciembre de 2023 y que se ajusten a partir de allí por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se ha establecido un límite máximo de aumento del IPC para los próximos 6 meses.

Estas medidas afectan al 75% de las empresas de medicina prepaga, lo que representa a la gran mayoría de los afiliados. La medida se tomó a raíz de una denuncia por presunta cartelización entre las principales empresas del sector.

“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Asimismo, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar ante la Justicia para que las empresas devuelvan a los usuarios la diferencia entre los aumentos que aplicaron y los que deben aplicar a partir de la decisión oficial.

“Hay que revisar el IPC de diciembre hasta ahora y ver cuánto es. Consideramos que va a haber una reducción considerable con respecto a lo que se pagó en abril”, dijo Adorni.

Las medidas tomadas por el Gobierno han sido recibidas con beneplácito por los usuarios de prepagas, quienes esperan una reducción considerable en el precio de las cuotas. Se espera que estas medidas también contribuyan a fortalecer la competencia en el mercado de las prepagas.

“Las Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las medidas del Gobierno constituyen un paso importante para garantizar el acceso a la salud de calidad para todos los argentinos. La salud no es un negocio para unos pocos, sino un derecho fundamental que debe ser protegido.