La Justicia ha tomado una decisión contundente en el caso de los seguros, particularmente relacionada con el expresidente Alberto Fernández. La inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario son medidas adoptadas, considerando el avance de la investigación y las pruebas recopiladas hasta el momento.
El juez Julián Ercolini ha enumerado detalladamente los alcances de estas medidas, que afectan tanto a personas físicas como jurídicas, incluyendo a Fernández y a otros imputados. Además, se han pedido informes sobre los movimientos bancarios desde 2009 hasta la fecha, especialmente centrados en la relación entre Fernández y Héctor Martínez Sosa, el broker sospechado por su conexión con el exmandatario.
La investigación gira en torno a la posible existencia de una organización delictiva que habría operado durante la presidencia de Alberto Fernández en la contratación de seguros para entes estatales. Esto incluye la contratación de Nación Seguros SA y la participación de coaseguradoras, en un proceso que habría sido direccionado a favor de ciertos intermediarios y organizadores de pólizas.
El juez destaca la relevancia de las comisiones percibidas por ciertas empresas y personas, que ascienden a una cifra considerable según informes de Nación Seguros SA. También se señala la relación entre Martínez Sosa y Cantero, secretaria de Fernández, así como las contribuciones de campaña de Castello Mercuri SA al Frente de Todos.
Se han encontrado irregularidades significativas, como la imposibilidad de ubicar la sede real de ciertas empresas y el traslado sospechoso de documentos. Todo esto apunta a una fundada sospecha de que los involucrados podrían disponer de sus bienes antes de una eventual sentencia en su contra.
En este contexto, se han tomado medidas cautelares adicionales, como el pedido de informes a la AFIP y el congelamiento de activos de ciertas entidades. La Oficina Anticorrupción también está involucrada en el proceso, aportando declaraciones juradas relevantes.
La resolución de la Justicia es un paso importante en la investigación de este caso, que busca esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión de Alberto Fernández y otros funcionarios.