Durante varios días, la actriz y conductora convivió con un clima enrarecido: mensajes anónimos, posteos insinuantes y menciones directas en X (ex Twitter) que cruzaron la frontera del chisme para transformarse en hostigamiento. No fue un episodio aislado ni un malentendido pasajero: se repitió, escaló y terminó por activar los resortes institucionales. La situación, según reconstruyen los medios que siguieron el caso, derivó en una presentación judicial y en la apertura de una investigación para identificar responsables y preservar evidencia digital.
La primera señal pública llegó con fuerza el viernes 26 de septiembre. Peña comunicó que había sido blanco de intimidaciones en redes y que había llevado el caso a la Justicia porteña. De acuerdo con las coberturas, su equipo aportó capturas, enlaces y cronologías que documentan el patrón de amenazas. Las publicaciones no sólo apuntaban a desestabilizar su imagen: buscaban producir miedo y exposición, con un método ya conocido en la era de las plataformas sociales.
A esa altura, el eco en redes era ensordecedor. En X se multiplicaban las cuentas que prometían “pruebas” para obtener seguidores o influencia. El entorno de la actriz, en paralelo, insistía en que no había material alguno que confirmara las insinuaciones y pedía no compartir ni “guardar por si acaso” contenidos que sólo sirven para amplificar el daño. Con ese telón de fondo, la denuncia se presentó para frenar la circulación de estas piezas y para pedir medidas que aseguren la trazabilidad de las cuentas involucradas.
Hacia la noche del mismo 26 de septiembre, distintos portales señalaron a un usuario concreto como presunto responsable de la ofensiva. En las notas se lo describe como un militante libertario con presencia activa en redes. La investigación—bajo órbita de una fiscalía porteña—solicitó oficios a la plataforma para resguardar evidencias y comenzó a delinear peritajes técnicos.
A mitad de esta cronología aparece la pieza central del caso: un usuario de X habría amenazado con difundir un supuesto “video íntimo con Alberto Fernández” que vincularía a Florencia Peña con el expresidente Alberto Fernández. La actriz negó tajantemente la existencia de ese material, calificó el accionar como una operación y habló de “malestar profundo” por el impacto personal y familiar. Según las reconstrucciones periodísticas, la presentación judicial pide investigar si las conductas encuadran en figuras como amenazas coactivas, intimidación y/o extorsión, además de eventuales delitos informáticos.
Desde entonces, el expediente avanza en dos carriles: el jurídico, que intenta fijar responsabilidades penales y contener la propagación del contenido difamatorio; y el mediático, que expone un fenómeno ya conocido en Argentina y el mundo: la combinación de falsedades virales con campañas de amedrentamiento diseñadas para erosionar reputaciones. La historia también vuelve a poner en debate el rol de las audiencias y de los propios medios a la hora de chequear, titular y amplificar.
Mientras la fiscalía reúne pruebas y tramita pedidos de informes, el mensaje que baja del equipo de Peña es categórico: no hay video; hay hostigamiento. Lo urgente, repiten, es cortar la cadena de difusión, evitar la curiosidad que retroalimenta el agravio y permitir que la causa avance sobre trazas, IPs, capturas y vínculos entre cuentas. El resto—el ruido, las burlas, la tentación del click fácil—es parte del mecanismo que estas maniobras necesitan para funcionar.